Pasto

Alcaldías no pueden tomar medidas que afecten derecho al trabajo y al mínimo vital

Junio 17 de 2014

DOCUMENTOS * Asuntos Jurídico-Legales * Bogotá, junio 17 de 2014 Consejo de Estado suspendió transitoriamente decreto de la alcaldía de Santa Marta que reguló el uso comercial de las playas de El Rodadero.

DOCUMENTOS * Asuntos Jurídico-Legales * Bogotá, junio 17 de 2014
Consejo de Estado suspendió transitoriamente decreto de la alcaldía de Santa Marta que reguló el uso comercial de las playas de El Rodadero.
La Sección Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gómez Aranguren, tuteló los derechos a la igualdad, trabajo y mínimo vital de un grupo de personas dedicadas a las ventas informales en las playas de El Rodadero en la ciudad de Santa Marta, por considerar que la norma expedida no fue concertada con los comerciantes, a quienes se les afectó su medio de subsistencia.
A consideración del Consejo de Estado, el Decreto 075 del 2013, expedido por la Alcaldía del Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, fue expedido sin tener en cuenta las posiciones de la población afectada.
“Aunque su participación no se asimila al derecho de consulta de comunidades étnicamente diferenciables, la autoridad administrativa está en la obligación de valorar técnica y jurídicamente las inquietudes planteadas por los afectados, y tomar medidas tales como la reubicación o la implementación de programas de educación e inserción al mercado laboral formal, entre otras”, señala la sentencia de la magistratura.
Así mismo, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo recordó a la Administración Distrital que “es su obligación constitucional involucrar a los vendedores informales en la adopción de las decisiones que tienen incidencia en el ejercicio de su labor e implementar las medidas conducentes a favor de la igualdad material”.
La norma mencionaba que los vendedores deben ser categorizados como tales, para tener el derecho a vender sus artículos en las playas de El Rodadero. Estos debian solicitar el carné que los acreditaba como tales y quienes no lo tuvieren no podían realizar dicha actividad.
El Consejo de Estado mencionó que al momento en que la administración ordenó el retiro inmediato de los vendedores que no portaban el carné, que les permitía ejercer esta labor, ponía en riesgo su derecho al mínimo vital y el de su núcleo familiar.
ACTIVO LEGAL ( www.activolegal.com ) tuvo acceso a la sentencia del Consejo de Estado y en ella se puede establecer que para la magistratura existió, desde dos puntos de vista, discriminación hacia los vendedores informales, razón por la cual fue suspendida la normativa.
“Considerar que solo los vendedores autorizados formalmente para operar en la playa, antes de la entrada en vigencia del Decreto No. 075 de 2013, están facultados para continuar laborando, es discriminatorio desde dos puntos de vista: el primero, en relación con aquellos vendedores informales que, sin permiso o carné, vienen prestando sus servicios –y derivando su sustento- de una actividad que materialmente se ejerce con la anuencia de las autoridades; y, el segundo, frente a las personas que, dadas las condiciones socio-económicas actuales, pueden ingresar a ese campo”, explica el pronunciamiento.
Es decir, una medida que desconoce el derecho a la igualdad, en relación, además, con un grupo en estado de debilidad, debe ser suspendida, como mecanismo transitorio, con miras a evitar la consumación de un perjuicio irremediable.
Finalmente, la Corporación recordó que el juez de tutela no puede fijar políticas públicas, por lo que las restricciones de horarios para la explotación comercial de las playas debe ser cuestionada ante la misma Administración, quien debe tener en cuenta los efectos de la medida, pues si afecta de manera desmedida los intereses de los vendedores informales, deberá adelantar los programas de asistencia que contrarresten sus consecuencias negativas.
La suspensión de la norma es de manera transitoria, hasta que la Jurisdicción de lo Contencioso se pronuncie sobre la legalidad de dicho Decreto Distrital, por lo que les da cuatro meses a los interesados para que interpongan la respectiva acción de nulidad en contra de la norma.

Fuente: http://www.pulzo.com/opinion/158151-alcaldias-no-pueden-tomar-medidas-que-afecten-derecho-al-trabajo-y-al-minimo-vital