IGAC a control político por funcionamiento y cambios en el orden territorial

El debate que se realizó en la Comisión Segunda Constitucional Permanente de Cámara, se basó en mostrar las falencias de la prestación del servicio catastral en el país. Los representantes hicieron énfasis en que los retrasos de los temas catastrales generan un desestímulo económico y agrava la crisis que atraviesan las entidades territoriales, ya que detiene la actividad comercial, las transacciones comerciales, paraliza los programas sociales, entre otras afectaciones. En lo referente a la cobertura en la actualización catastral afirmaron que, de la totalidad de municipios del país, sólo se han actualizado el 82% a nivel urbano y en lo rural solo el 67%. Manifestaron igualmente que la eliminación de las unidades operativas generará que las entidades territoriales terminen contratando con operadores privados, ya que no cuentan con la capacidad para asumir el rol de gestores catastrales, situación que generaría que obligará a las entidades territoriales a usar recursos de regalías para asuntos de competencias de carácter nacional afectando la función social que presta el IGAC. En conclusión, los citantes solicitaron al Gobierno Nacional reconsiderar la resolución 1010 de 2020, evitando el cierre de las unidades operativas ya que con esta decisión se ven afectados los territorios donde no hay presencia del Estado generando inequidad e ineficiencia.