Consejo de Estado unificó su jurisprudencia sobre el concepto de derecho colectivo a la Defensa del Patrimonio Público

Esta unificación jurisprudencial se realizó dentro de la revisión de una acción popular que pretendía la protección de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público que, según el demandante, se vieron vulnerados ante la modificación de unos contratos de arrendamiento suscritos por dos empresas públicas en liquidación.

En el caso particular, el Consejo de Estado dispuso que la noción tradicional de patrimonio público se ha acrecentado con nuevos componentes que se relacionan con bienes, expresiones o valores que son integrados a la vida jurídica en razón de su importancia sociopolítica o económica, o por su contenido o implicación universal. De esa manera, el concepto de patrimonio público comprende el conjunto de bienes y recursos, cualquiera que naturaleza, que son propiedad del Estado y que le sirven para el cumplimiento de sus cometidos, conforme a la legislación. Entre este concepto se incluyen los bienes de uso público, los fiscales, los inmateriales y los derechos e intereses que no son susceptibles de valoración pecuniaria, como el patrimonio cultural de la Nación, el patrimonio arqueológico, los bienes que conforman la identidad nacional y el medio ambiente.

Por otra parte, el Consejo de Estado señaló que la regulación legal de la defensa del patrimonio tiene una finalidad garantista. Es decir, la protección del patrimonio público debe propender porque los recursos del Estado sean administrados de forma eficiente y responsable, de acuerdo con el marco legal. Con todo, la Sala concluyó que el concepto de patrimonio público propugna por la protección patrimonial del Estado, con el objeto de resguardar la totalidad de bienes, derechos y obligaciones públicas. Además, procura porque su administración sea eficiente, proba y transparente.