Asocapitales respalda Proyecto de Ley para solucionar problema carcelario del país

Bogotá, 12 de diciembre de 2023.- La Defensoría del Pueblo, integrantes de la Comisión Primera y de la Comisión Accidental de Asuntos Carcelarios del Senado y representantes a la Cámara radicaron hoy en el Congreso de la República el Proyecto de Ley que busca solucionar el problema carcelario del país, con el respaldo y acompañamiento del Ministerio de Justicia, Asointermedias y Asocapitales.

Nuestra Asociación (Asocapitales) completa un intenso trabajo de más de dos años revisando y estudiando este articulado.

La iniciativa también fue presentada en el Conversatorio Nacional de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad ante el Consejo Superior de la Judicatura y los Jueces de la Jurisdicción Penal.

¿Qué busca el proyecto de Ley?

Mejorar la situación que atraviesan las PPL (Personas Privadas de la Libertad) a nivel nacional, definir responsabilidades tanto del Gobierno Nacional como de los entes territoriales y buscar fuentes de financiación para tal fin.

Principales propuestas:

1. Definición de las competencias de los niveles de gobierno: La competencia de la población condenada continúa en cabeza del Gobierno Nacional, mientras que la responsabilidad de la población con medida de aseguramiento se distribuye de acuerdo con las penas a imponer (de mayor a menor
   duración). El Gobierno Nacional deberá encargarse de los sindicados con penas máximas; las gobernaciones, de los sindicados con penas intermedias y las ciudades o municipios que tengan un mayor índice de
   delito en el país, de los sindicados con penas mínimas, procurando una distribución equitativa de las cargas entre las partes.
2. Integración territorial: Se crean las cárceles regionales con el objeto de que las gobernaciones puedan generar sistemas de integración con aquellos municipios que no aportan un número significativo de personas privadas de la libertad o carezcan de recursos para un establecimiento de reclusión propio.
3. Frente al hacinamiento en las URIs, nos acogemos a la reciente orden de la Corte Constitucional para departamentos y municipios. Se refuerza la prohibición de que personas detenidas o condenadas sean recluidas en estos lugares o en Estaciones de Policía.
4. En el proyecto se plantean nuevas fuentes de financiación, provenientes de fondos existentes (FONSECON – FONSET) y multas impuestas en procesos penales. La implementación de este proyecto tendría un costo superior a los 4 billones de pesos, proyectado a los próximos 6 años.

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