Bogotá, 22 de mayo de 2024. Para Asocapitales, todas las acciones que se puedan desplegar para prevenir la comisión de delitos, disuadir a los delincuentes y evitar los comportamientos contrarios a la convivencia y la seguridad, deben ser fortalecidas. La ampliación y la eficiencia en la prestación del servicio de alumbrado público genera externalidades positivas en la percepción de seguridad ciudadana, la disuasión de los delincuentes y mejora la posibilidad de obtener material probatorio para los procesos de judicialización.
Hoy en día, 27 ciudades capitales están cobrando el impuesto de alumbrado público. Asocapitales respalda esta iniciativa y particularmente la de Bogotá, como Distrito Capital, que apela al impuesto de alumbrado para privilegiar la seguridad de sus ciudadanos con intervenciones legales, presupuestales y estratégicas que se traducen en mayor tranquilidad para la comunidad en general.
La Encuesta de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2021), revela que el 44% de las personas encuestadas en las ciudades indicaron que una de las razones que aumenta su percepción de inseguridad son las vías y el espacio público sin iluminación.
La Asociación señala que para ampliar la prestación del servicio de alumbrado público y hacerlo más eficiente, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las intervenciones de mejora y modernización, los municipios y distritos pueden destinar parte de sus ingresos o establecer el impuesto de alumbrado público en los términos de la autorización otorgada por la Ley 1819 de 2016 y según los criterios técnicos establecidos en el artículo 9 del decreto 943 de 2018.