Bogotá, 17 de junio de 2024. – El presidente de Asocapitales y alcalde de Cali, Alejandro Eder, el alcalde de Popayán, Juan Carlos Muñoz, y la directora ejecutiva de Asocapitales, Luz María Zapata, exigimos al Gobierno Nacional intervenir de manera eficaz y rápida las situaciones que se presentan en la vía Panamericana, haciendo uso de los mecanismos de negociación y diálogo que atiendan las pretensiones de los grupos poblacionales que acuden a vías de hecho para reclamar del Estado su atención.

En lo que va corrido del año se han presentado 29 bloqueos en la Vía Panamericana que afectan directamente a la población del suroccidente del país, según COLFECAR.

Esta solicitud al Gobierno es respaldada por Asointermedias, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el Comité Intergremial de Cauca, liderado por Gerardo Arroyo; el Comité Intergremial de Nariño, liderado por Arturo Ortega;  el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca, en cabeza de su director ejecutivo, Juan Manuel Sanclemente y COLFECAR y su directora Ejecutiva, Nidia Hernández.

Nuestras ciudades capitales, cuatro departamentos (Cauca, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca), 156 municipios y más de 8.300.000 habitantes de Colombia, -la totalidad de la población del suroccidente del país-, ven directamente afectados sus derechos fundamentales con los repetidos bloqueos de la vía Panamericana. Se perjudica la movilidad, la seguridad alimentaria, el trabajo y el acceso a servicios públicos por el ejercicio de la protesta social, la cual, pese a estar protegida constitucionalmente, no puede violentar de manera irrazonable y desproporcionada el diario vivir de millones de personas, entre ellos miembros de comunidades con especial protección constitucional.

Solicitamos al Gobierno nacional y a la Fuerza Pública intervenir de manera pronta y eficaz con el fin de prevenir una afectación irremediable de los derechos de estos individuos y comunidades afectadas por los bloqueos. Hacemos un llamado respetuoso pero urgente para que hagan uso de los mecanismos de negociación y diálogo, pero que también se recurra al uso legítimo de la autoridad, si las circunstancias lo ameritan.