El Consejo de Estado publicó una decisión que unifica el procedimiento para la revisión de las sanciones disciplinarias impuestas por la Procuraduría General de la Nación, a servidores públicos de elección popular, estableciendo siete reglas transitorias hasta que el Congreso expida la ley correspondiente, según la Sentencia C-030 de 2023.

El auto resalta la necesidad de un proceso transparente y justo, limitando el recurso de revisión a sanciones de destitución, suspensión o inhabilidad impuestas a servidores en ejercicio de su cargo o por faltas cometidas durante su mandato. Además, establece que la sanción permanecerá suspendida mientras se resuelve el recurso.

El servidor sancionado tendrá 30 días para presentar pruebas y argumentos, y la Procuraduría cinco días para oponerse. Si la sanción es confirmada, podrá interponerse un recurso de doble conformidad, que será resuelto por una Sala Especial del Consejo de Estado.

Por último, el juez deberá revisar la legalidad y constitucionalidad de la sanción, asegurando el respeto a los derechos fundamentales del servidor público.