Comunicado de Prensa

 Bogotá, 06 de marzo de 2024.- Desde Asocapitales, expresamos nuestra preocupación por la decisión del Gobierno nacional de avanzar en el proyecto de acto administrativo que fija los “Lineamientos para el ordenamiento ambiental de la Sabana de Bogotá”, sin la participación de las entidades territoriales. Esta exclusión desconoce los principios fundamentales como la autonomía territorial, el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.

Resulta inadmisible que, tras la reciente ratificación del Acuerdo de Escazú, el Estado ignore en la práctica sus compromisos, enviando un mensaje contradictorio y debilitando la confianza en el diálogo democrático.

En el caso de Bogotá, las disposiciones propuestas impactarían directamente proyectos de vivienda, infraestructura y transporte, entre otros. Además, el proyecto de acto administrativo carece de mecanismos claros de coordinación y contradice sus propios considerandos, que señalan: “la implementación de estos lineamientos corresponde a las autoridades ambientales, los entes territoriales, los esquemas asociativos territoriales y las demás entidades públicas conforme a sus funciones ambientales y jurisdicción” (p.6).

Imponer estas medidas sin concertación con las autoridades locales vulnera el principio constitucional de autonomía territorial, que faculta a los entes territoriales para planificar, administrar y regular el uso del suelo dentro de sus jurisdicciones, en función de sus necesidades y particularidades locales. Además, su adopción unilateral no solo afecta la planificación urbana y el desarrollo económico de las regiones, sino que también debilita la gobernanza territorial y limita la participación ciudadana en la toma de decisiones. 

En un Estado descentralizado, las decisiones que impactan a los territorios deben construirse de manera conjunta con sus autoridades y comunidades, garantizando un equilibrio entre la protección del medio ambiente y el derecho al desarrollo local.

Instamos al Gobierno nacional a garantizar y promover un proceso de diálogo y articulación que armonice la protección ambiental con el desarrollo urbano y territorial. 

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